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Puerto Montt, 28 de noviembre de 2008
Sr. Fuenzalida:
La presente tiene como propósito hacer algunas observaciones a la nota de prensa aparecida en el diario El Mercurio, con fecha 26 de noviembre del presente, donde usted en conjunto con el Senador Espina plantean una serie de críticas a la falta de compromiso por parte del Gobierno para la atención a víctimas de delitos. Me parece importante, que existan movimientos ciudadanos que hagan valer sus derechos y que se le exija al Estado tomar determinadas iniciativas en aras de estos interese, como en su caso particular.
A continuación debo señalar que en mi calidad de Psicólogo trabajo hace 5 años en el Centro de Atención Integral a Víctimas de Delitos Violentos de Puerto Montt (CAVI). Desde el año 2001 existen a lo largo de Chile, 18 Centros de Atención a Víctimas que administran las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial y que reciben financiamiento directo del Ministerio de Justicia. Es bien sabido que estos Centros se ubican por lo general en las capitales regionales o bien en comunas populosas de la región Metropolitana, por lo que las personas que viven en sectores más alejados y son víctimas de delitos graves no reciben atención.
Ahora bien, los Centros de Víctimas (CAIV) sólo atienden a personas que han sido víctimas de delitos violentos y que además, tengan privilegio de pobreza; situación que obviamente limita las coberturas de atención. Pero durante estos años de funcionamiento, nunca las autoridades - Ejecutivo y Legislativo - han posibilitado la asignación de mayores recursos para ampliar las plantas de profesionales, con el propósito de aumentar la cobertura a la población que no tiene acceso a los beneficios de vivir en los centros urbanos. Por eso llama la atención la aparición de iniciativas, mediáticas orientadas a satisfacer una necesidad, muy sentida de la comunidad en general, pero con evidente ausencia de planificación y evaluación de lo que realmente se necesita.
Durante los años en que las Corporaciones de Asistencia Judicial se han hecho cargo de la atención a las víctimas, ha quedado claro que se requiere un abordaje integral de cada caso, en donde el área psicosocial (áreas psicológica y social) es crucial para proveer de un proceso reparatorio y que además sirva para dar cuenta de los efectos producidos por el delito; por lo que han sido muy necesarios los informes de daño que se han presentado durante los juicios. Una mención aparte merece el área jurídica, ya que los abogados, a través de la representación jurídica han podido trabajar en estrecha coordinación con los Fiscales, para lograr la persecución y sanción de los responsables de cometer delitos. En este sentido, el trabajo jurídico posee una alta valoración para las víctimas, toda vez que es el abogado quien representa los intereses particulares de la víctima, acompaña desde el inicio del proceso, resuelve las dudas, coordina conla Fiscalía diversas diligencias, mantiene informado a sus representados de los avances del proceso y participa activamente como litigante durante las audiencias verificadas en el proceso de investigación, como también lo hace durante los juicios.
Importante en este punto es destacar la necesidad de abrir debate en relación al rol del querellante, en representación de los intereses de la víctima y su fortalecimiento en temas como la formalización, procedimiento simplificado, suspensión condicional del procedimiento, forzamiento de la acusación entre otros. Así como de hacer mas efectivas, de manera general, el cumplimiento de las medidas cautelares en el proceso penal, a diferencia de lo que el sistema permite en la actualidad. Nuestra experiencia en el trabajo con víctimas de delitos violentos nos lleva a manifestar que su atención de manera adecuada no se centra en destinar dineros sólo en las Unidades regionales de atención a Víctimas y Testigos (URAVIT), que dependen del Ministerio Público, sino que en fortalecer una intervención integral de su situación. No se debe olvidar, que estas Unidades sólo brindan las primeras acciones de intervención en crisis y activan medidas de protección cuando las víctimas o sus familiares están en condición de riesgo; pero que en definitiva proceden a realizar una derivación a las demás instituciones de la red, que se encargan de los informes de credibilidad, de daño, del acompañamiento durante el proceso de investigación y del tratamiento reparatorio, que en promedio se prolonga por más de una año.
Una víctima informada y en atención especializada es una persona contenida y que está en capacidad de enfrentar de mejor manera un proceso judicial; es una víctima que tiene mayores posibilidades de reparación, tanto en lo judicial, como en lo emocional. La atención a las víctimas de un delito violento, no es fácil, requiere de manejo de situaciones de crisis, empatía y alta tolerancia para soportar los desajustes emocionales que presentan derivados de su experiencia de sufrimiento. Por esto es vital, considerar la opinión de equipos profesionales que llevan años trabajando en el tema y por eso es importante cuidar el recurso humano, para evitar el “desgaste profesional”.
Se debe señalar que los equipos CAVI con el tiempo han demostrado especialización y pertinencia en su intervención; que a pesar de haberse creado y tenido actuación en el antiguo sistema judicial, han podido incorporarse con derecho y propiedad en el actual procedimiento penal, habiéndose validado por la calidad de sus profesionales. Hoy día, los Centros de Víctimas dela Corporación de Asistencia Judicial, son casi los únicos que brindan representación jurídica a las víctimas, en especial a niñas, niños y mujeres, víctimas de delitos sexuales, supliendo en parte, la falencias que presentan el Servicio Nacional de Menores y el Servicio Nacional de la Mujer en este ámbito. En este punto y reconociendo los esfuerzos institucionales, se debe señalar que en el primer Servicio se ha puesto en funcionamiento un Programa denominado “Reparación y Justicia”, que proporciona atención jurídica y social a niños víctimas, pero que dada la precariedad de recursos humanos sólo se deben limitar a una intervención de tipo formal. En el segundo caso, es más dramático, porque la representación judicial, se verifica sólo cuando la mujer ha fallecido. La invitación es a no mediatizar el tema de las víctimas, sino que a discutir seriamente acerca del rol del Estado en esta materia y a concentrar los esfuerzos, utilizando lo que ya está funcionando con varios años de experiencia acumulada.
Sin un ánimo de polemizar, sino que visualizando en la realidad lo mencionado anteriormente, llama la atención que los Centros de Víctimas del Ministerio del Interior, van a ser ubicados en las mismas comunas donde ya existen muchos de los Centros de Víctimas de las Corporaciones de Asistencia Judicial y de otras instituciones. Con esta medida el Estado, pierde la posibilidad de haber cubierto parte de este déficit con relación a la cobertura.
Una reciente iniciativa del Ejecutivo, tiene relación con el envío por parte deLa Presidenta de la República de un Proyecto de Ley que crea el Fondo Nacional para la Representación de Víctimas de Delitos, iniciativa que busca proveer de abogados a las víctimas; situación que aparece descontextualizada, toda vez que pierde de vista la integralidad y destinaría, a mi juicio un excesivo monto de recursos financieros a un proyecto que no asegura calidad en la atención o resolver el tema de la seguridad ciudadana. Una de las preguntas que surgen de inmediato, es si la representación jurídica va a quedar asegurada para cualquier habitante de la República que haya sido víctima de un delito violento. De ser así, nos imaginamos que podría funcionar con un sistema de co-pago, estilo Defensoría Penal Pública. Haciendo la salvedad que este modelo, no ha funcionado de acuerdo a la expectativa original y el Estado de Chile ha perdido importantes recursos al asignarle un abogado, a personas que por su situación económica podrían solventar el pago de honorarios profesionales. Ahora, si históricamente, son las Corporaciones de Asistencia Judicial, las que han abordado la atención a las personas en una condición de vulnerabilidad social, en qué se basa la autoridad, para introducir un nuevo filtro de selección?
Vuelvo a reiterar, se requiere una discusión más seria con relación al tema y que a veces las apariciones mediáticas, tanto de Gobierno como de oposición no tienen el efecto esperado, que es establecer de manera definitiva un política pública con relación a la atención de las víctimas.
Atte.
Francisco Iván Troncoso Guajardo
Psicólogo
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