Gonzalo Fuenzalida, presidente del movimiento “Víctimas de la Delincuencia”:
“El Fiscal Nacional que tenemos es un saludo a la bandera”
Nota publicada en KioscoVirtual
“Puerta Giratoria” o “mano blanda de los jueces”. Un asunto que de alguna manera ha estado en la “palestra” durante las últimas semanas. La ciudadanía se pregunta porqué los tribunales son tan “buenos” y otorgan la libertad a delincuentes peligrosos. Diversos expertos han encendido un debate en torno a corregir las fallas del Ministerio Público y por supuesto de la Nueva Reforma Procesal Penal. Todo ello en un contexto en que los magistrados se defienden diciendo que ellos “sólo aplican las leyes”, mientras que las encuestas nos dicen que el tema de la seguridad es uno de los principales dolores de cabeza de la gente común y corriente.
En la oficina de “Las Víctimas de la Delincuencia” ubicada en el barrio Bellavista, Gonzalo Fuenzalida recibe a Kioscovirtual y nos explica, primero, qué es lo que lo está pasando con la nueva Reforma Procesal Penal. A su juicio “copiamos” un sistema que funciona perfectamente en otras culturas pero acá sucede todo lo contrario. Afirma que en estos momentos predomina la teoría “garantista” que presume la inocencia de una persona hasta que no se compruebe lo contrario, y la ideología del “progresismo” basado en que el delincuente es una víctima de la sociedad.

“Bajo ese prisma, muchos jueces aplican las leyes, lo que se traduce en penas bajas y que muchos delincuentes entran y salen del tribunal sin recibir castigo. Porque si bien tienen un montón de antecedentes, jamás serán considerados peligrosos y nunca se les va a poner término al oficio que están realizando”, asegura categóricamente.
Pero eso no es todo. Sostiene que en este problema no existe una sola cabeza culpable y algún grado de responsabilidad tienen los jueces, los fiscales y también el Estado que creó un sistema judicial demasiado protector de los derechos de los delincuentes.
“Por eso muchas personas se aprovechan de esta situación; saben que robar es un gran trabajo y una grata forma de ganarse la vida y lo grave del asunto es que no asumen ningún tipo de responsabilidades o castigos ejemplares”.
El movimiento que lidera cuenta con más de 10 mil inscritos y más de 100 mil personas han visitado su sitio web en poco más de un año. Todo un mérito para Gonzalo Fuenzalida.
De todos los últimos casos que han salido a la pública, en los cuales los jueces han otorgado la libertad provisional, ¿cuál es el que te ha llamado más la atención? ¿El de lo “boqueteros” que se presentaron voluntariamente al tribunal pero quedaron en libertad porque sus cédulas de identidad se quedaron en Gendarmería, o el del sujeto que amenazó a una mujer en Peñalolén y que después se hizo pasar por la identidad de su hermano?
Hay que entender que nosotros hace un tiempo atrás teníamos un sistema judicial inquisitivo, donde el juez adquiría un papel preponderante, porque no sólo conocía los hechos, sino que investigaba, acusaba y dictaba sentencia. En ese caso, si una persona era declarada culpable, se presumía que existían pruebas suficientes para asociarla con la participación de algún hecho delictivo.
Sin embargo, ese sistema cambió y trajimos uno llamado ‘garantista’. ¿Por qué ese nombre? Porque ‘garantiza’ la inocencia de las personas hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, el individuo que decide delinquir llega a los tribunales en calidad de ‘inocente’ y no se le procesa, sino que se le formaliza. Ahí el juez le dice, ‘señor, vamos a iniciar una investigación para ver si usted tuvo o no participación en los hechos’…
Antiguamente a las personas se les otorgaba el beneficio de la libertad provisional; en cambio, en estos momentos, la libertad es un derecho, y sólo por excepción se le da prisión preventiva que, como su nombre lo dice, previene que esa persona no se fugue o coloque en riesgo la vida de la víctima o la paz de la sociedad.
Entonces, la gente cuando ve que los delincuentes quedan libres se sorprende y se pregunta porqué esta persona sale o porqué tiene tantos derechos. Porque el sistema está previsto que sea así.
¿Pero la gente también se pregunta cuál es el criterio que está predominando? Porque no se entiende que a un delincuente se le otorguen tantos derechos, mientras que al ciudadano honesto, que se pasa una luz roja, le llueven las penas del infierno
La Nueva Reforma Procesal Penal es un asunto que no es nuestro, sino que se copió de otras culturas o sociedades, principalmente desde Alemania, donde opera este principio garantista o de inocencia. Esta teoría insiste en que la prisión no es la única forma de obtener justicia, sino también entran vías alternativas, como el arresto domiciliario, estar bajo vigilancia o ir a firmar a algún lugar específico.
Todo esto se sigue al pie de letra en Chile y lo grave es que estas medidas cautelares no se cumplen, porque no existe capacidad para fiscalizar o velar por su correcto funcionamiento.
A este sistema garantista se une también un asunto ideológico que tiene mucho peso en nuestro país: se trata del progresismo, el cual plantea que el de delincuente es una víctima de la sociedad. Desde ese punto de vista, la sociedad debe esforzarse en reparar a esa víctima y para ello establece una serie de derechos que en nuestro sistema judicial están muy bien protegidos.
Pero aún así, aunque se demuestre su culpabilidad y su participación en los hechos, tiene que existir la rehabilitación y la sociedad tiene que agotar todas las posibilidades para que esa persona no siga delinquiendo.
Bajo ese prisma ideológico, muchos jueces aplican las leyes, lo que se traduce en penas bajas y que muchos delincuentes entran y salen del tribunal sin recibir castigo. Porque si bien tienen un montón de antecedentes, jamás serán considerados peligrosos y nunca se les va a poner término al oficio que están realizando.
En resumen, trajimos un sistema que funciona perfectamente en otras culturas pero acá sucede todo lo contrario. Creamos un ente judicial basado en la libertad absoluta y por eso muchas personas se aprovechan de esta situación; saben que robar es un gran trabajo y una grata forma de ganarse la vida y lo grave del asunto es que no asumen ningún tipo de responsabilidades o castigos ejemplares.
Toda esta discusión nace porque los ciudadanos estamos conociendo el sistema y por eso mismo lo criticamos. Está bien, ganamos en transparencia y en publicidad, ahora todos saben quien es el juez que dicta la pena; además nos podemos dar el lujo de ir a las audiencias y conocer los rostros de los delincuentes. De acuerdo: hay una serie de aspectos positivos, pero también tiene varios negativos y el principal es que es un sistema extremadamente protector de los derechos del “inocente”…
Y no de las víctimas…
Así es. Además, como te decía, es un sistema que no entrega responsabilidades a quienes deciden delinquir. Por eso, muchas personas han optado por esta forma de ganarse la vida y lo peor de todo es que ha aumentado de manera estrepitosa. Ahí vez tú: con tantos delincuentes en las calles, no sólo se han visto superadas las policías y las cárceles, sino también toda la red de rehabilitación.
Es un tema delicado y por eso creo que va a ir en aumento si no lo detenemos a tiempo.
“Gendarmería vendría siendo el lado oscuro de la fuerza”
¿Crees entonces que hay “mano blanda”?
Por un lado, creo que hay jueces bastantes ideologizados para fallar. Por otro, estos servidores públicos no pagan ningún costo por su mala gestión. Continúan ejerciendo su carrera sin mayores problemas, a lo más reciben una amonestación cuando salen mucho en la tele, y después integran los tribunales superiores con una carrera maravillosa. Pero todos sabemos que en esa carrera maravillosa han quedado una serie de derechos violados, sobre todo, de personas que han sido víctimas de los hechos delictivos.
Los jueces pueden tener sesgos ideológicos, aplicar mal el criterio jurídico o interpretar erradamente la ley, pero lo que es criticable que sus actos no sean evaluados ni conocidos por la ciudadanía. Eso no está pasando en la actualidad.
¿Tú crees que con esta sensación, los ciudadanos comiencen a tomarse la justicia por sus propias manos?
Lo que está pasando en estos momentos es ‘súper’ delicado. Justamente, el otro día hablaba de este mismo tema con Felipe Harboe (subsecretario del Interior) y le dije que ‘estas señales son clarísimas y llegó la hora de hacer algo’. Porque las personas están cansadas de los lanzazos, robos de celulares, del ‘goteteo’, en fin, de los delitos menores.
¿Te acuerdas cómo eran los delitos de antes? El delincuente robaba una cartera a una señora y uno simplemente se quedaba de brazos cruzados. Nadie hacía nada y a lo más se nos escapaba un ‘pucha que mala suerte’. Porque teníamos miedo DE que llegara otro y nos pegara. En cambio, en estos momentos, la gente se cansó, reaccionó y eso es muy malo. Porque de alguna manera está yendo contra el sistema y nosotros como ciudadanos no somos los encargados de andar persiguiendo a los delincuentes, ni andar haciendo justicia por nuestras propias manos. Es el Estado al que le corresponde esa función y velar tanto por nuestra seguridad como la correcta administración de la justicia.
Insisto que es ‘súper’ preocupante lo que está pasando y este problema va a ir en aumento. Porque el sistema judicial que tenemos no va a cambiar si no se produce una reestructuración fuerte. Y la verdad es que no creo que haya voluntad para cambiarlo, porque dentro de la política hay un sector progresista muy potente que piensa que el delincuente es una víctima de la sociedad. Mientras exista ese pensamiento, es muy complicado que cambie la situación de un día para otro.
Y vamos a seguir viendo lo que está sucediendo
Y el problema va a seguir acrecentándose. ¿Qué podemos hacer si los tribunales nos están diciendo que el costo de delinquir es bajo y generalmente los delincuentes que roban e intimidan son de dejados en libertad? ¿O con suerte van a cumplir la mitad de la condena? ¡Nada, así no se puede y todo es por culpa de un pensamiento que considera estas actividades son totalmente lícitas!
Porque el pensamiento progresista también se opone a que llenemos las cárceles de delincuentes
El tema de las cárceles sigue siendo un terreno oscuro para los ciudadanos: no tenemos idea, si esa persona cumple la pena, o a lo mejor cumple la mitad de su castigo o le entregan múltiples beneficios. Sencillamente, perdemos la pista cuando un individuo entra a estos recintos. Con Gendarmería sucede lo mismo: la institución vendría siendo el lado oscuro de la fuerza. Uno no tiene idea de lo que pasa en su interior y sus acciones son totalmente desconocidas.
En segundo lugar, en las cárceles no existe ningún programa efectivo de rehabilitación para que esa persona se reinserte en la sociedad y no vuelva a delinquir.
Aquellos que se llenan la boca diciendo que los recintos penitenciarios están repletos y que no es la solución para enfrentar la delincuencia, pero me pregunto, ¿cuál es la solución? Mejor dejémoslos libres y que sigan robando, porque de alguna manera se volvió ‘tan buena esta pega’, y como somos tan solidarios, el ‘pobrecito’ no puede ir a la cárcel ya que no hay espacio…
Entonces, ¿cuál es el camino? Me van a decir que está en la prevención o en la pobreza, bueno lo aplaudo y vamos para adelante, pero hagamos algo.
¿Tú crees que por el lado del Ministerio Público y de los fiscales también haya “mano blanda”?
Si uno empieza a hilar fino, en todo el sistema hay responsabilidades. Nadie es ‘paloma blanca’ ni nadie es tan culpable.
Además, los fiscales están atochados de pega, tienen 500 causas mensuales y ni siquiera alcanzan a leer la formalización que van a presentar.
Porque se supone que eso era uno de los principios esenciales de la nueva Reforma Procesal: que las causas no se iban amontonar en un escritorio como antes y que todo ahora sería más expedito
Es cierto, pero cuando el fiscal llega a última hora, le echa una leída rápida al caso y se instala frente al tribunal, aunque sea perito en el tema, aquella formalización no será presentada de buena manera. Entonces el juez, como no conoce todos los antecedentes, otorga la libertad provisional.
Pero, los fiscales no sólo están sobrepasados en sus trabajos, sino que en este último tiempo también han tenido también problemas en sus remuneraciones.
Además, otro dato: muchos fiscales están aburridos del trabajo y han comenzado a renunciar
Porque no pueden soportar la carga de trabajo. Pero también ahí hay un problema con el Ministerio Público. El Fiscal Nacional que tenemos en estos momentos es un ‘saludo a la bandera’. Es una persona que viene del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y con esa formación ha manejado la entidad.
Está bien, era el comienzo y pronto nos enfrentaremos a su nuevo sucesor. De hecho este año se elige y seguramente los candidatos ya estén haciendo ‘lobby’ de pasillo en las cortes. Pero el punto es que a esta persona no lo vamos a elegir nosotros, sino que va a ser escogido entre cuatro poderes y sólo le rinde cuenta a esas mismas cuatro paredes.
El nuevo fiscal debería decirle a toda la ciudadanía: ‘miren: voy a perseguir la criminalidad en Chile con este programa. Al mismo tiempo voy a garantizar una baja porcentual de las tasas de criminalidad en todo este tiempo. Me comprometo frente a todos ustedes a realizar una muy buena tarea’…
Entonces, quien asuma ese cargo debe impregnar ese liderazgo a los fiscales y no sólo debe esforzarse en mejorar sus condiciones, sino también en mejorar todo el servicio.
Lo grave del asunto es que mientras a los ciudadanos no nos inviten a participar dentro del debate y a elegir a quiénes queremos de líderes en estos temas, el panorama no se ve muy auspicioso.
Debería llegar una especie de “superhéroe”…
Tiene que ser un líder. Lo lógico sería que los ciudadanos podemos elegir a quién nos va a ayudar a mantener nuestra paz social. Por que al fin y al cabo es la gente común y corriente las que se transforman en los principales clientes de la Fiscalía Nacional. Pero al mismo tiempo pasan a ser las víctimas. No es el Poder Legislativo y ni el Judicial.
“Los legisladores muchas veces hacen de la delincuencia un show mediático”
Está claro que siempre aparecen los políticos en estos debates. Pero los jueces, en su defensa, dicen que la culpa es de los legisladores porque son ellos los que hacen las leyes y no de los magistrados que las aplican. ¿Quién detiene todo este círculo vicioso?
Claro. ‘La culpa es no es del chancho sino quien le da el afrecho’… Lo que pasa es que todo este asunto no existe un solo culpable. Los jueces en algo de razón tienen que a ellos sólo les tiran las leyes. Pero también hay un grado de culpabilidad en la interpretación que realizan. Y podemos ver varios casos en que los magistrados aplican la norma de una manera y no de otra.
Por otro lado, también es verdad que los legisladores muchas veces hacen de la delincuencia un show mediático. Sólo lo hacen para sacar cámara y verse beneficiado en términos electorales.
Pero no hay un trabajo concienzudo, técnico y serio de producir un cambio real. Si queremos realizar modificaciones a la Reforma Procesal Penal, debemos ajustarla a a la realidad de Chile.
Lo mismo que el Transantiago: trataron de traer un sistema que se aplica en naciones desarrolladas, pero que no dio resultados
Lo que pasa es que está comprobado que cuando copiamos la realidad exitosa en otros países y las traemos acá, generalmente no funcionan. Porque requieren de un cambio cultural y que aquella reforma se aplique en términos graduales.
Por ejemplo, ¿cuánto tiempo se demoró para que Mc Donald’s se plagara en Chile? ¿Cuánto tiempo estuvo solo el local de Kennedy, casi quebrado, para que empezara a crecer el tema de la comida ‘chatarra’ en Chile? Te estoy diciendo algo trivial, pero a la larga todas las ideas que funcionan en sociedades más adelantadas, y que se tratan de implementar en estos lados, nunca funcionan. Porque son realidades totalmente distintas.
En todo este contexto, los principales perjudicados han sido las víctimas. Porque incluso la persona que decide delinquir tiene a su merced abogados preparados que la van a defender; en cambio, la gente que sufre de un delito queda a merced de un fiscal atochado de pega y que muchas veces no la atiende o no le da respuesta.
Es más, la víctima cuando debe enfrentar un juicio tiene que meterse la mano al bolsillo y pagarle a un abogado para que defienda sus intereses particulares. Aun cuando no lo contrate y el juez dicta alguna medida alternativa, se las tiene que valer por si mismo y confiar en el fiscal, que no es su abogado, sino una persona que está investigando los hechos y presentándoselos al tribunal
¿Tú crees entonces que una persona de clase alta tiene mayores posibilidades de obtener juicio justo que otra de bajos ingresos?
La experiencia que nosotros hemos tenido es que la mayoría de las víctimas que vienen acá son generalmente personas de escasos recursos y de pocas herramientas sociales. Como no tienen acceso a un abogado, los tramitan un montón y se acercan a nosotros bastante desorientados casi ‘de rebote’.
En cuanto a las personas con mayor ingreso económico, si bien no llegan a golpear directamente la puerta, pero quedan con enorme grado de daño emocional. Hace poco me tocó acompañar a una familia de La Dehesa que pasó una situación traumática en su casa. En la ocasión, los delincuentes no sólo desvalijaron casi todas sus pertenencias, sino que además golpearon al jefe de de familia con un hacha en la cabeza…
Cuando se acercaron a nosotros estaban desconsolados. Quedaron tan presos del pánico que se encerraron seis meses en su casa y pidieron ayuda de manera muy tímida. Con la ayuda de una trabajadora social les conté mi experiencia y logramos un cambio radical en la actitud de ellos. Finalmente, se atrevieron a ir al juicio sin disfrazarse, lloraron, se sanearon y al día siguiente eran los seres humanos más agradecidos del mundo.
Me di cuenta que la gente puede tener mucho dinero, vivir en un buen barrio y contratar a los mejores guardias, pero si es víctima de un delito queda tan desprotegida como una persona con pocos recursos y que vive una situación similar en una villa o en una población.
Este no es un tema que dice relación con lo que uno tiene, sino que de alguna manera es muy humano. La persona, independiente cómo se vista o dónde viva, sufre el mismo daño emocional si es de mayor o menor ingreso económico. Porque las víctimas son transversales, existen en todos lados y de todos los colores.


