Señor Director:
Respecto de la carta de Paula Correa, quisiera agregar que conocemos los esfuerzos que se han realizando durante años en materia de atención a víctimas. Dichos esfuerzos son conocidos de primera fuente, puesto que gran parte de las víctimas que se han acercado a nosotros, lo han hecho después de tocar muchas puertas del aparato público. El problema es que a su dolor e impotencia por haber sufrido un delito, se suma el que no han sido declaradas con privilegio de pobreza y que, por lo tanto, no han obtenido representación jurídica por parte del Estado ni ningún tipo de ayuda.
En este sentido, vale resaltar que la delincuencia no distingue entre niveles socioeconómicos y que nos afecta a todos por igual. Por lo tanto, la única solución real para miles de víctimas en Chile, es que el Estado se haga responsable de los daños producidos por el delito y entregue abogados a todas las personas afectadas. ¿O acaso los derechos constitucionales sólo se pueden hacer valer por la situación económica de los ciudadanos?